Los derechos humanos y el inmigrante, según el Tío Sam

Resulta paradójico que Estados Unidos, a quien se le ha reconocido públicamente como uno de los países con un alto índice de violaciones de los derechos humanos y que además ha suscrito y ratificado muy pocos Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, sea el garante del cumplimiento de los mismos para Latinoamérica y el mundo.

Estados Unidos ha firmado y ratificado tan solo 5 de los 18 Tratados Internacional de Derechos Humanos. Es posible que haya llegado el momento histórico en que El Tío Sam sea exhortado por sus pares – aunque no ostenten el mismo poder ante el mundo –  a suscribir los 13 Tratados restantes o por lo menos los más importantes en materia de derechos humanos de primera generación (Derechos Civiles y Políticos).

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), fue firmado por Estados Unidos el 17 de julio de 1980, pero nunca lo ratificó. Tampoco la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, que también fue firmada, ésta el 10 de diciembre de 1962, pero no ratificada. El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, nunca ha sido firmada. El Tratado de Ottawa o el Protocolo de Kyoto, tampoco fueron firmados por el país del norte. La Convención sobre los Derechos del Niño, fue aceptada por la mayoría de países, excepto por Somalia y Estados Unidos. Algo que muchos desconocen es que Estados Unidos tampoco ratificó el Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a pesar de haberlo firmado el 5 de octubre de 1997, o mucho menos su Segundo Protocolo para abolir la pena de muerte.

En los últimos días se han dado a conocer las medidas anti-inmigración ilegal tomadas por algunos de los Estados fronterizos con México, que resultan una flagrante violación a los derechos humanos; Texas, por ejemplo, anunció un plan para desplegar barreras flotantes marinas a lo largo del río Grande, con el fin de enviar un mensaje de “prevención general” (las comillas me pertenecen, pues es mi descripción personal a tan abrupto acto) que haga desistir a los casi dos millones de personas que cruzan irregularmente cada año[2], a pasar el río so pena de morir en el intento. Aun así, esto no ha sido impedimento para que miles de personas se arriesguen al paso, con desenlaces fatales. Y ni que decir de las denuncias de Organizaciones No-Gubernamentales que se han dedicado los últimos años a dejar insumos de agua, comida y ropa en el área fronteriza – desierto de Arizona – para impedir que inmigrantes que cruzan ilegalmente por estas zonas, mueran de sed o hambre y se han captado en varias ocasiones a oficiales de la patrulla fronteriza destruyendo estos elementos para evitar que sean alcanzados por los caminantes ilegales; prácticamente, condenándoles a una muerte segura.

Estos y muchos otros actos que son una clara violación a los derechos humanos, se podrían evitar si los Estados Unidos se comprometiera en la firma y ratificación de muchos Tratados que hacen parte del bloque internacional de protección de los derechos humanos y que cobija a los inmigrantes legales o ilegales.

Así las cosas, es imposible exigir a los Estados Unidos que respete los derechos humanos de los inmigrantes, cuando éste en sí mismo no contempla esta protección para sus ciudadanos, en el marco del Derecho Internacional. Solo queda apelar a la Constitución Nacional, “la ley Suprema sobre la tierra”[3], para garantizar los derechos fundamentales de quienes han sido obligados por las circunstancias a cruzar la frontera americana de manera irregular, con el fin de aplicar a un asilo basado en la persecución sufrida en su país y con la única finalidad de proteger y salvaguardar su vida y esto solo se lograría conociendo el alcance de la Constitución y sus enmiendas, haciéndose representar por un profesional del derecho  o acudiendo a la Corte y estar preparado para defender su derecho a la vida, a la integridad física y moral, a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos, basados en la Convención contra la Tortura que por cierto es uno de los pocos Convenios[4] firmados y ratificados por el Estado Americano.

Aunque considero que la migración ilegal es un gran problema para países como Estados Unidos y que debe ser controlado, también creo firmemente que todo ser humano merece un trato digno e igualitario ante la ley y el Estado debe procurar el cumplimiento de esas garantías. Esperemos que el Tío Sam también lo crea.