Trump en Latinoamérica: ¿Dignidad en juego?

El reciente artículo de EL PAÍS sobre las tácticas de extorsión del gobierno de Donald Trump hacia América Latina no solo confirma un patrón preocupante, sino que expone una cruda realidad: Bajo la lógica del poder económico, los derechos humanos y la soberanía de las naciones se convierten en mercancía negociable. Como décadas de experiencia defendiendo a migrantes y víctimas de injusticias transnacionales, veo con indignación cómo se repite la historia, pero con una violencia renovada.

México, nuestro hermano del norte, ha sido el primer ejemplo de esta sumisión forzada, la amenaza de aranceles del 25% logró lo que Trump deseaba; La militarización de la frontera sur y la entrega de capos del narcotráfico sin garantías de debido proceso. Pero más grave aún es el caso de Colombia, donde en menos de un día el gobierno cedió a presiones para aceptar deportaciones masivas sin filtros, incluyendo el uso de aeronaves militares estadounidenses. ¿Dónde quedaron los protocolos de protección a nuestra gente Colombiana? ¿Quién responde por aquellos deportados que podrían enfrentar peligro en sus países de origen?

El panorama se oscurece aún más al analizar el trato a los migrantes venezolanos. La deportación de ciudadanos de este país a El Salvador, para ser encarcelados en el CECOT, es una clara violación del derecho internacional.

Pero hay algo aún más malintencionado en esta estrategia y es la normalización de la violación de derechos bajo el eufemismo de “acuerdos bilaterales”, cuando Colombia acepta compartir datos biométricos de migrantes sin regulaciones claras, o cuando Panamá permite la compra de sus puertos por empresas estadounidenses bajo presión arancelaria, nos están arrebatando nuestro derecho a gobernarnos como pueblos libres.

Frente a esto, mi postura es clara: No podemos permitir que el miedo a represalias económicas anule nuestros principios, los consulados deben convertirse en trincheras de defensa jurídica para los deportados, nuestros gobiernos deben revisar con lupa estos acuerdos que se hacen a escondidas  y sobre todo, la sociedad civil debe alzar la voz ante una política que reduce a seres humanos a fichas de un juego geopolítico.

Este no es solo un tema migratorio, es una cuestión de soberanía y dignidad. La historia recordará quiénes se doblegaron ante el chantaje y quiénes defendieron lo indeclinable. “Como abogada y política, mi compromiso es con los más vulnerables. Esto no es diplomacia, es extorsión, y frente a ella solo cabe una respuesta, resistencia unida y memoria que no olvida”.