La reciente decisión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de recortar a la mitad sus operaciones en Colombia, tras la retirada de fondos por parte de Estados Unidos, es mucho más que un ajuste presupuestal. Es un síntoma de algo más profundo y preocupante: el debilitamiento de los mecanismos internacionales de protección precisamente cuando más los necesitamos.
Durante años, la presencia de la ONU ha sido una luz encendida en territorios donde el Estado no llega o llega con miedo. Ha sido acompañamiento, observación imparcial, mediación con las comunidades, y muchas veces, la única voz que respalda a quienes claman por justicia en medio del silencio institucional.
Reducir esa presencia a la mitad no solo deja vacíos físicos, sino también simbólicos. Envía un mensaje peligroso: que los derechos humanos pueden ser recortables, negociables o prescindibles cuando cambian las prioridades políticas.
Esta decisión afecta profundamente la confianza de las víctimas, la protección de los líderes sociales, la posibilidad de documentar violaciones graves, y limita el acompañamiento internacional en zonas aún golpeadas por la violencia, la pobreza estructural y la migración forzada.
Desde la sociedad civil, es urgente reforzar el compromiso colectivo por los derechos humanos. El Estado colombiano debe garantizar su rol de protección y vigilancia. Las organizaciones comunitarias, los líderes sociales y las redes de defensa deben fortalecerse. Y cada ciudadano consciente tiene la responsabilidad de no guardar silencio ni cerrar los ojos.
Desde Leyfy Derechos Humanos, renovamos nuestro compromiso de seguir acompañando a quienes necesitan respaldo jurídico y humano. Continuaremos presentes donde la justicia escasea, donde la indiferencia amenaza y donde la verdad todavía espera ser escuchada.
Cuando se apaga una luz internacional, la responsabilidad de alumbrar el camino permanece. Y no la vamos a soltar.
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